Origenes de las F.A.R.C.
      Calificación como Grupo Terrorista
      Financiación
      Acciones Terroristas
      Violaciones al Derecho Internacional Humanitario
      Objetivos, campos de operaciones
      Presencia de las FARC en otros países
      Relaciones con otros grupos terroristas
      Acuerdos de paz
      Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
      Protestum
      Crimenes Actuales
 
                                               
       
     

 

 

-O-
     
  Orígenes  
         
 

Fundada después de la ofensiva que, con el fin de reafirmar la autoridad del llamado Frente Nacional, el Ejército Colombiano realizó en 1964 contra la "República de Marquetalia",​ una de las comunidades autónomas creada por autodefensas armadas comunistas a finales de la época de La Violencia, consecuencia del Bogotazo en 1948. Este ataque fue dado a conocer por el gobierno como "Operación Soberanía".

Los antecedentes del surgimiento de las FARC se encuentran en la aparición de autodefensas armadas comunistas en el sur del Tolima. El antecedente político data en la existencia del Partido Comunista Colombiano, para la época en el que el Partido Comunista de Colombia, ​ en su Sexto Congreso había caracterizado la situación política nacional a partir de 1946 como “de duras luchas y de reacción creciente”. La orientación de la autodefensa ya había sido puesta en práctica y ya era un hecho desde 1949. Las Ligas Campesinas de los comunistas en Chaparral, dentro de su seno crearon las estructuras de autodefensa.

   
     
 

Cuando el gobierno buscó controlar estas bandas armadas imposibilitando su accionar, las Direcciones de los grupos de autodefensa comunista de Irco, Horizonte y Chicalá deciden, a finales de 1950, organizar lo que denominaron Columna de Marcha o Columna Guerrillera, que tenía el propósito de tomar las alturas de la Cordillera Central.

“La Columna Guerrillera” en realidad era una estructura de combatientes y sus familias dirigida por los comunistas, durante 3 meses, pero pasado este tiempo los comunistas, reciben la propuesta de las guerrillas liberales de Gerardo Loaiza para que una comisión de los destacamentos comunistas viaje hasta su comando para que enseñen algunos métodos de acción y organización. Con esta propuesta la Dirección Guerrillera Liberal en cabeza de los Loaiza y Leopoldo García planteó que “La Columna” en lugar de disolverse se trasladara hacia el área de influencia de los Loaiza.

Entre los guerrilleros que marcharon estaban Marco Aurelio Restrepo (fundador del Partido Comunista en Chaparral), Pedro Pablo Rumique (originario de Chaparral, también llamado Teniente Canario), los hermanos Bermúdez (entre ellos Andrés Bermúdez, conocido como Llanero), los hermanos Valbuena (entre ellos Raul Valbuena, originario de Chicalá, a quien llamaban Baltazar), José Alfonso Castañeda (también llamado Richard, quien comandaba la retaguardia de “La Columna” en la marcha hacia el cañón del Cambrín) y, entre otros Jorge Hernández Barrios quien tomó el nombre de Olimpo. Fue este grupo de comunistas quien condujo la organización, el accionar y la marcha de “La Columna” hasta su arribo a La Lindosa, en lo alto del cañón del Cambrín; estos dirigentes orientaban el movimiento comunista de toda la región de Chaparral. ​

En la región de la Quebrada de la Lindosa se encontraron comunistas y liberales en una asamblea donde “los comunistas reciben la propuesta de quedarse, constituir un destacamento fuerte y crear un Estado Mayor Unificado para todo el sur del Tolima”.

Se integraría el Estado Mayor Unificado con ocho comunistas y siete liberales, para comandar las misiones conjuntas y algunos destacamentos del municipio de Rioblanco. Entre los liberales que integraban la Dirección estaban Gerardo Loaiza, los cuatro hijos de G. Loaiza y Leopoldo García. Entre los comunistas estaban Olimpo, Manjarrés, Rumique, Baltazar, Richard y Peñuela.

Las familias y guerrilleros conducidos por el Partido Comunista se ubicaron en una cumbre que tenía el nombre de Filo de las Culebras, pero allí llegó la policía conservadora y entonces se produjo el primer combate que liberales y comunistas tuvieron que enfrentar conjuntamente en aquella zona, los comunistas concluyeron que el Filo de la Culebra era indefendible y que lo mejor era buscar una nueva posición más favorable. Fue entonces cuando establecieron su campamento bajo el nombre del Comando Davis, que fue fundado en la cumbre de una montaña que se empina partiendo de la hoya hidrográfica de la quebrada de La Lindosa, hacia el sur el terreno es cortado por la profunda depresión en cuya parte más baja se alberga el lecho del río Cambrín, "aquí se establece la sede central de toda una cadena de destacamentos. Fue durante algún tiempo el cuartel general de las guerrillas, unidas bajo el mando del Estado Mayor Unificado...", a la región comunista llegaría Isauro Yosa, que se incorporaría al Estado Mayor. Los liberales establecen su Comando Principal, en La Ocasión.

Los comunistas constituyen nueve comandos lo que les permitió moverse hacia Chaparral, Riogrande (Huila) y en tierras indígenas caucanas, desarrollando pequeños combates y escaramuzas que fueron dando experiencia y formación a los primeros comandantes como Richard, Baltazar, Gratiniano Rocha (Ave Negra), Jorge Peñuela y José Enoch Leal (Diamante).

En la zona liberal y comunista llegarían comandantes guerrilleros liberales como Jacobo Prías Alape, que responde al alias de Charro Negro o Ciro Trujillo, quien accede trasladarse al Davis y ponerse bajo las órdenes de dicho comando. En esta época a su vez se incorpora a las guerrillas comunistas Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, pariente de los Loaiza y miembro de las guerrillas liberales que giraban en torno al comando de la ocasión.

El comandante liberal Gerardo Loaiza había enviado un emisario a buscar a Olimpo (miembro de la Dirección del Davis), al cual le muestra una carta enviada por la Dirección Liberal Departamental en la que le “aconceja” (se trataba de una orden) no continuar su alianza con el Partido Comunista, al que consideran “enemigo de un gobierno democrático” y “lacayo de la URSS”. Gerardo Loaiza convoca una asamblea en la que se votó por la disolución de la alianza, luego de que los comunistas decomisaran un arma de los liberales, deciden atacarlos.

Hacia agosto de 1952, promovida por el Partido Comunista Colombiano, se da la Conferencia Guerrillera Nacional en una vereda cercana a Viotá. Dicho evento se le da como denominación Conferencia de Boyacá o Primera Conferencia del Movimiento Popular de Liberación Nacional, a la que además de los comunistas asistieron guerrilleros liberales de Antioquia y Santander, y otros grupos liberales y comunistas de Cundinamarca y oriente del Tolíma, sin contar con los delegados del comando de La Ocasión.

El combate de comunistas contra los liberales continúa, con breves lapsos donde se da la tregua y se combate al gobierno, dos hijos de Loaiza mueren en un ataque al Davis, que posteriormente sería disuelto. ​

En 1953 el General Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder luego de un golpe de estado y buscó llevar a su fin la época de violencia. Por medio de las amnistías, cerca de 5000 guerrilleros dejaron las armas. Durante las negociaciones varios de los grupos comunistas que seguían en armas se concentraron en Sumapaz donde, según su versión de los hechos, fueron atacados por fuerzas militares que usaron helicópteros y Napalm provisto por el gobierno de los Estados Unidos. ​

Entre 1956 y 1958 liberales y conservadores llegan a un acuerdo de reparto del poder con la intención de frenar la violencia bipartidista y se crea el Frente Nacional. El nuevo régimen, en el contexto de la Guerra Fría, considera que debe poner fin a cualquier influencia comunista y califica a las zonas liberadas de "repúblicas independientes", al estar fuera del control y jurisdicción de la administración nacional.

En 1960 es asesinado en zona rural del municipio de Gaitania (Tolima) uno de los comandantes que habían recibido amnistía de parte de Rojas Pinilla en la época de La Violencia: Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro, en complicidad con miembros del ejército colombiano; lo que originó que otro comandante amnistiado de La Violencia, alias Tirofijo, regresara a las montañas alzado en armas junto con algunos liberales radicales para constituir la República de Marquetalia, siendo el precedente para la fundación en 1964 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, luego de la expulsión de los insurgentes de los "territorios liberados" por parte del Ejército en el marco de la Operación Soberanía. ​ Otras zonas del país que fueron "liberadas" por los subversivos entre 1960 y 1964 fueron El Pato (Caquetá), Riochiquito (Cauca), Guayabero y el sudoeste de Tolima. ​ Campesinos acosados por bandoleros y en algunos casos por el ejército colombiano se establecieron en estas "zonas liberadas", surgiendo una administración civil y armada que alimentó de insurgentes a la futura organización subversiva.

 
     
  Período 1980-1989  
     
 

Hasta la década de 1980, las FARC crecieron de manera relativamente lenta; además de sufrir una escisión por parte de Javier Delgado y Hernando Pizarro Leongómez, antiguos comandantes de las FARC, formando a parte una guerrilla llamada Comando Ricardo Franco Frente-Sur. Las FARC contaban entonces con entre 1000 y 3000 hombres. En la Séptima Conferencia del 4 al 14 de mayo de 1982, bajo el mando del líder político «Jacobo Arenas», se plantearon varias directrices estratégicas nuevas y se reafirmó el principio de la «combinación de todas las formas de lucha», la lucha política y la armada. ​
A partir de ese momento las FARC se nombran «Ejército del Pueblo» (FARC-EP) y se plantea la política del desdoblamiento de frentes, con objetivo duplicar el número de integrantes y se fijan fechas para una futura toma efectiva del poder en los años noventa. ​

Se produce también un rechazo a toda relación con el emergente fenómeno del narcotráfico y de sus cultivos, pero gradualmente durante los años 80 se termina aceptando, porque en los campos se constituye en una actividad creciente. Se establece gradualmente el cobro de impuestos a productores y a narcotraficantes como fuente de financiación, mediante el llamado «gramaje».

El 28 de marzo de 1984, tras una reunión de los líderes de los 27 frentes y del Estado Mayor, se establece un alto el fuego, como parte de los acuerdos firmados con el gobierno de Belisario Betancourt («Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz», conocidos como los Acuerdos de la Uribe). Las FARC formaron la Unión Patriótica (UP) para liderar el movimiento político. ​

Este intento de negociación fracasó debido en gran medida a dos elementos: las violaciones del cese de hostilidades por las dos partes, y la violencia política de sectores de la extrema derecha, entre ellos líderes políticos locales y varios miembros de las Fuerzas Armadas, así como actores de izquierda (entre ellos sectores de las FARC), incluyendo entre ambas partes (derecha e izquierda) algunos mandos importantes y narcotraficantes. ​

A pesar de un intento inicial de miembros de las diferentes guerrillas por llegar a un acuerdo con Pablo Escobar, entre otros narcotraficantes, eventualmente se rompen los contactos formales debido a los secuestros de familiares y amigos de los mismos por parte de los insurgentes. ​

El narcotráfico, posteriormente también en guerra frontal contra el estado para impedir el inicio de la posible extradición de sus miembros a Estados Unidos, decide tomar venganza contra la guerrilla y los campesinos simpatizantes, ​ financiando escuadrones privados a partir de sus propios grupos de sicarios, incluyendo también la participación de asociaciones de ganaderos y propietarios rurales (terratenientes), contando además con la colaboración de varios militares del Ejército colombiano, ​ tanto directa o indirectamente, constituyendo los inicios de los grupos conocidos actualmente como autodefensas o paramilitares (que, desde 1997, se unirían en torno a las AUC). ​

En septiembre de 1987, el EPL, las FARC y el ELN se constituyeron en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), que sería el resultado del ingreso de los anteriores grupos armados a la ya existente Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) en asocio con el Comando Ricardo Franco Frente-Sur (el cual luego sería declarado enemigo de las FARC y expulsado de la CGSB por los sucesos de Tacueyó) y el Movimiento Armado Quintín Lame; buscando coordinar tanto las acciones armadas como las negociaciones de paz hacia el futuro. Este intento tuvo muy poca eficacia y eventualmente se dividió. ​

El M-19 acabó firmando la paz, y las FARC y el ELN actuaron completamente separados, si bien posteriormente se realizaron acciones conjuntas en casos específicos.

 
     
  Conformación de la Unión Patriótica (UP)  
     
 

La Unión Patriótica fue el resultado de un proceso de negociación de paz entre el Gobierno y la coordinación guerrillera del frente Simón Bolívar. Las FARC como uno de sus actores principales delegaba a varios líderes la función de hacer política y competir en comisiones electorales y se le delegaba al Secretariado de las FARC la dirección del movimiento. El Partido Comunista se integraría a la Unión Patriótica que a su vez fue un encuentro de movimientos sociales, movimientos civiles, sindicales y obreros de todo el país por lo cual muchos personajes de la vida civil hicieron parte de la propuesta de este partido político.

Entre 3000 y 5000 militantes de este partido político fueron asesinados sistemáticamente por alianzas entre paramilitares de extrema derecha, policías y miembros del ejército colombiano, lo cual llevaría el rompimiento del proceso de paz y la separación de las FARC del experimento político de la UP.
A principios del siglo XXI, el Estado Colombiano fue acusado formalmente de genocidio político ante la corte interamericana de derechos humanos por la presunta participación en varios asesinatos a integrantes del movimiento UP.​ Sin embargo, se tiene evidencia de que miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, narcotraficantes, exmilitares y funcionarios públicos se encuentran involucrados en los asesinatos. ​

Contrario a lo que se especula sobre presuntos asesinatos por parte de la fuerza pública, la Sección Tercera del Consejo de Estado afirmó que no se tiene evidencia alguna sobre la participación de estos miembros en dichos homicidios, luego de atender un caso sobre un exdirigente de la UP asesinado en 1993: "Si bien no existe prueba de que en dicho crimen hubieran participado miembros de la Fuerza Pública, la responsabilidad de su muerte recae directamente en el Estado”

La violencia cobró las vidas de importantes políticos tanto del establecimiento legal tradicional opuesto al narcotráfico, entre ellos el ministro Rodrigo Lara Bonilla, quien bautizara a las comunidades autodeterminadas y gestionadas del país como "repúblicas independientes".

 
     
  Período 1990-1998  
     
 

El 9 de diciembre de 1990, día de las elecciones para la Asamblea Constituyente, el ejército, desarrolló un ataque coordinado sobre el principal campamento de las FARC y de los pasados diálogos de paz, como inicio de una ofensiva contra Casa Verde, sede del Secretariado Nacional de las FARC, pero fracasó y obtuvo pocos resultados. El gobierno colombiano argumentó que se tomó esa medida porque las FARC no habían cumplido con sus compromisos, ya que todavía realizaban actividades delictivas y no se habían acogido a vía negociada. ​

El gobierno colombiano no sólo negociaba con las FARC en aquel entonces, también sostenían negociaciones con otros grupos armados, lográndose por acuerdos políticos y contactos con otras guerrillas la desmovilización de varios grupos armados en 1991 (proceso en el que no participaron las FARC). La gran mayoría de los desmovilizados, si bien no recibieron contrapartidas específicas, fueron indultados, se incorporaron a la vida civil y no se les siguieron procesos legales. Bajo la firma de la paz se desmovilizaron algunos grupos (EPL, ERP, Movimiento Armado Quintín Lame, M-19), y pronto lo que quedaba de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar comenzó una serie de negociaciones con el estado. Durante ese mismo año murió el jefe guerrillero Jacobo Arenas.

El 3 de junio de 1991 se reinició el diálogo entre la Coordinadora y el gobierno, en territorio venezolano (Caracas) y luego mexicano (Tlaxcala).​ La guerra no se detuvo y continuaron las acciones armadas por ambas partes. ​ El proceso de negociación se rompió en 1993 al no llegarse a un acuerdo. La Coordinadora como tal desapareció no mucho después de ese momento, y los grupos guerrilleros siguieron sus actividades independientemente.

Antes de dicho rompimiento, se dio a conocer una carta escrita por un grupo de intelectuales colombianos (entre los cuales se incluía el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez) dirigida a la Coordinadora Guerrilla Simón Bolívar, donde se les reclamaba acerca de la forma en que están llevando a cabo su lucha y las consecuencias nefastas que ésta estaba dejando en el país. ​

A inicios de los años noventa, las FARC disponían de entre 7000 y 10 000 combatientes, organizados en 70 frentes distribuidos en todo el país. ​ En los años 1996 a 1998 las FARC le propinaron al Ejército Colombiano una serie de golpes, incluyendo una toma de tres días a Mitú en el departamento de Vaupés mostrando que habían cambiado la clásica guerra de guerrillas por la guerra de conquista y la guerra de movimientos. ​ De esta última, resultaron un gran número de policías secuestrados.

Por este mismo periodo en Colombia se expandían los cultivos de las diferentes drogas y se organizaron amplias marchas de campesinos cocaleros, que paralizaron varias vías del sur de Colombia, en las cuales, según el gobierno de este país, las FARC tuvieron influencia. No se ha investigado a fondo cuál sería o no su responsabilidad específica en dicha situación.

 
     
  Plan Colombia (1998-2002)  
     
 

En 1998, mediante acuerdos con el gobierno del recién elegido presidente Andrés Pastrana Arango, se creó la Zona de distensión, una zona desmilitarizada que se extendida en 40 000 km², aproximadamente el tamaño de Dinamarca, entre los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, con el fin de llevar a cabo un proceso de paz con este grupo armado.88​ En dicha zona, las FARC hicieron presencia en cascos urbanos y se les acusa de efectuar violaciones permanentes a los Derechos Humanos.

Al mismo tiempo, amparados por el proceso de paz del gobierno, se afirma que las FARC incrementaron la producción y tráfico de drogas, la compra de armamento ilegal y la presión sobre las autoridades locales. El "proceso de paz" duró entre 1998 y 2002, pero, a pesar de varios avances teóricos y documentales, ​ las tensiones, la inasistencia de los jefes a la mesa de diálogo con el famoso incidente de "la silla vacía" y polémicas alrededor de la negociación no permitieron que se concretara el proceso.

El 20 de febrero de 2002, la columna móvil de las FARC Teófilo Forero, secuestró un avión de la aerolínea Aires en el que viajaba el senador Jorge Gechem. La guerrilla liberó ese mismo día a todos los pasajeros excepto al senador. ​ Este episodio y los profundos desacuerdos entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla en relación a los controles aéreos, terrestres y fluviales en la zona desmilitarizada, llevaron al gobierno de Pastrana a dar por terminadas las negociaciones con las FARC. ​

Durante todo el proceso de paz, el Gobierno Colombiano y las FARC se acusaron mutuamente de impedir el normal desarrollo del proceso: ​

  • Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch, dieron a conocer denuncias de pobladores de la zona acerca de la violación permanente de los Derechos Humanos, entre los que sobresale el reclutamiento de civiles por parte de las FARC (entre los cuales se incluían menores de edad desde los 10 o 12 años, acción prohibida internacionalmente) ​
  • El gobierno acusó a las FARC del uso de la zona de distensión (zona desmilitarizada) para fortalecerse militarmente, lanzar ataques, esconder prisioneros, secuestrados y realizar actividades relacionadas con el narcotráfico, además de incumplir las condiciones pactadas entre las partes.
  • Al mismo tiempo las FARC, acusaron al gobierno de utilizar el proceso de diálogo para implementar el Plan Colombia y de esta manera fortalecerse militarmente. ​
  • El gobierno de la época mostró a la opinión pública fotografías aéreas donde se veían campos de entrenamiento armados instalados por las FARC en la zona, a pesar de que esta zona se consideraba como zona "desmilitarizada”
  • Además de acciones directas que realizaron las FARC contra la población civil, como el presunto envenenamiento de un acueducto en el departamento del Huila días antes de que el gobierno finalmente terminara con las negociaciones
  • El tema de cultivo de coca direcionado al narcotráfico ha sido relacionado con el accionar de las FARC por el gobierno de los EE. UU. ​
 
     
  Período 2002-2016, desarme y traspaso a la política en 2017  
     
 

EL 23 de febrero de 2002, tres días después de la terminación de la Zona de distensión por parte del gobierno Pastrana, se presentó el secuestro de la candidata presidencial Íngrid Betancourt cuando intentaba llegar por tierra a la población de San Vicente del Caguán. ​Varios funcionarios de la época señalaron la responsabilidad de la misma candidata al ignorar las advertencias de presencia guerrillera en la zona.

La llegada a la presidencia de la República de Colombia de Álvaro Uribe, quien inicia la implementación del Plan Patriota, implicó la intensificación del combate contra las FARC, sosteniendo la tesis de que en Colombia no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista. ​ Por su parte las FARC decidieron promover un regreso a la estrategia de guerra de guerrillas, para de esta manera conservar su estructura, a pesar de estar sometidos a un alto grado de presión y de sufrir en el camino varias deserciones e incautaciones de material logístico.

Hacia el año 2002, según cifras del gobierno, el número de guerrilleros en armas de las FARC solía estimarse en alrededor de 18 000 y, a inicios del 2005, según estas mismas cifras su número estaría entre 12 000 y 13 000. ​ En 2008 el ejército estimaba que tendrían 8000 guerrilleros en sus filas. ​ Las FARC no suelen mencionar cifras específicas, pero estiman que tendrían más de 20 000 hombres. ​ Otras fuentes mencionan diferentes cifras. ​

Durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe, no hubo contactos serios entre las FARC y la administración para hablar de paz. Posteriormente, continuaron algunas esporádicas gestiones diplomáticas en pro de la realización de un acuerdo humanitario, conocido también como intercambio de prisioneros o canje, entre las FARC y el gobierno colombiano.

Las FARC pedían que se liberaran todos sus guerrilleros presos, incluidos alias «Simón Trinidad» y alias «Sonia» (quienes fueron extraditados a Estados Unidos acusados de tráfico de drogas y terrorismo) y después de ser reintegrados a la organización, Las FARC liberarían un pequeño grupo de 44 secuestrados, los denominados «canjeables». Para que dicho cambio se hiciera realidad, las FARC pidieron como requisito la desmilitarización de dos municipios (Pradera y Florida). Lo cual para varios observadores se aprovechó con fines políticos y militares y ante lo que se recibió numerosas críticas de la población civil nacional e internacional. Algunos crímenes de este grupo y sucesos representativos de este período son:

El 7 de febrero de 2003 las FARC atentaron contra el Club El Nogal donde murieron 36 personas y 200 más quedaron heridas, el atentado fue perpetrado por la Columna Teófilo Forero y Miembros del secretariado.

El 6 de mayo de 2003 las FARC asesinaron al gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y a su asesor de paz Gilberto Echeverri a quienes secuestraron un año antes durante una marcha por la paz, engañándolos al hacerles creer que iban a hablar con ellos.

El 18 de junio de 2007 las FARC asesinaron a 11 diputados a quienes había secuestrado en 2002, argumentando supuestos ataques del ejército, lo cual no lograron demostrar.

El 1 de marzo del 2008 las FARC sufren uno de los más duros golpes de toda su historia, al morir Luis Edgar Devia Silva alias Raúl Reyes durante un bombardeo por parte de la Fuerza Pública de Colombia su campamento guerrillero ubicado en Ecuador, cerca de la frontera colombiana. ​ A su vez, esta incursión desencadena una crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela.

El 7 de marzo de 2008 se anuncia que otro miembro del secretariado de las FARC: Iván Ríos fue asesinado por su guardia personal, ​ quienes huyeron entregándose al gobierno colombiano.

El 26 de marzo de 2008, Manuel Marulanda, el fundador y jefe de las FARC también muere (por causas naturales), por lo que en menos de un mes la cúpula de la organización es sacudida fuertemente.

Las negociaciones por el "acuerdo humanitario" prosiguieron en un relativo estancamiento hasta que el 1º de julio de 2008 las Fuerzas Armadas de Colombia realizaron un operativo de rescate de un importante grupo de secuestrados en poder de las FARC en las selvas del Guaviare. Este operativo, llamado "Operación Jaque" consistió en montar una sofisticada operación de engaño durante varios meses, interceptando las limitadas comunicaciones entre los diferentes jefes de la guerrilla para hacerles creer a los custodios de los secuestrados que se preparaba una nueva liberación, probablemente auspiciada por el presidente venezolano Hugo Chávez y algunos emisarios europeos, entre ellos Jean Pierre Gondard, ​ quien a la larga fue manipulado en pos de la operación y para concretar el trabajo de inteligencia realizado a la cúpula de la guerrilla. En esta operación fueron liberados la excandidata presidencial Ingrid Betancourt junto a tres contratistas norteamericanos y once soldados y policías colombianos que llevaban entre diez y seis años secuestrados. Por esta treta considerada un acto de traición, los altos mandos de las FARC consideran a César sospechoso de traición a la causa y objetivo de sus acciones, ​ aunque éste junto a Gafas en la actualidad permanecen presos y no fueron incorporados al programa de reinserción ni al plan de Justicia y Paz del gobierno colombiano para acoger a los guerrilleros que abandonan voluntariamente a las FARC. Ellos niegan​ cualquier participación voluntaria en la operación Jaque y sostienen que fueron engañados por las autoridades colombianas alegando el aislamiento y los problemas de comunicación que tenían con el Secretariado, lo cual no les permitió verificar a plenitud la veracidad del supuesto traslado de cautivos con fines de una liberación acordada por sus jefes.

La operación Jaque se considera, junto con la operación Fénix 2 (la que dio de baja a Raúl Reyes), uno de los golpes más duros que el gobierno de Álvaro Uribe propinó las FARC durante su mandato.

Junto a Ingrid Betancourt también convivieron otros dos liberados: Alan Jara, actual gobernador del Meta y Clara Rojas. Alan Jara fue liberado el 3 de febrero de 2009. A las 2:12 p.m. arribó al aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, donde se reencontró con su esposa y su hijo Alan Felipe. Agradeció a, a los miembros de "Colombianos por la Paz". Entre los comentarios que hizo, Jara mencionó que las "FARC no estaban derrotadas para nada", del trato de la guerrilla dijo "no hay maltratos, no hay grosería, no hay humillación" y que la solución al conflicto armado colombiano no solo es militar, también es "política" y que no ve una solución que no sea "la negociada".

El presidente Uribe se declaró dispuesto al acuerdo humanitario, pero declaró que siempre y cuando fuera un proceso serio de parte de las FARC y de que los guerrilleros eventualmente liberados no volvieran a la subversión, además de seguir insistiendo en el cerco humanitario o el rescate de los secuestrados.​ Tiempo después de sus declaraciones hubo amenazas contra Jara por parte del paramilitarismo, por apoyar a la guerrilla tras 8 años de secuestro.​

El 22 de diciembre de 2009, un comando de las FARC asesinó al Gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, secuestrado el día anterior en la localidad de Florencia.​ En mayo de 2010, también en Caquetá y coincidiendo con el inicio de la campaña para las elecciones presidenciales, las FARC lanzó un ataque en el que murieron nueve militares del ejército colombiano.​

El 22 de septiembre de 2010 murió en el departamento del Meta el jefe militar de las FARC Víctor Julio Suárez, alias Jorge Briceño, mejor conocido como El Mono Jojoy, en un ataque del Ejército conocido como Operación Sodoma.

El 9 de abril de 2011 detuvieron al guerrillero Víctor Ramón Vargas Salazar en una operación desarrollada por el ejército y la armada de Colombia. Víctor Ramón Vargas Salazar buscaba apoyo de la banda terrorista española E.T.A. para asesinar en España a dos expresidentes colombianos.

El 4 de noviembre de 2011 fue abatido Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’, sucesor en al comandancia de las FARC de Manuel Marulanda, "Tirofijo"; operativo llamado por las Fuerzas Militares Operación Odiseo. El 26 de noviembre del mismo año la guerrilla asesinó a tres policías y a un militar que llevaban más de diez años secuestrados en la selva de Caquetá. ​

El 3 de febrero de 2012 una oleada de atentados en el suroeste de Colombia causaron al menos 19 muertos y un centenar de heridos en Tumaco, Villa Rica y otras localidades. ​ Las explosiones fueron dirigidas contra cuarteles de policía aunque la mayoría de víctimas fueron civiles. El 18 de marzo otro ataque de las FARC causó la muerte de 11 militares del Ejército Nacional en Arauca, cerca de la frontera con Venezuela. ​

El 21 de marzo de 2012 el Gobierno puso en marcha el plan de guerra 'Espada de honor', cuya primera operación tuvo lugar en Arauca dejando 33 guerrilleros muertos y un capturado pertenecientes al frente 10 de esa guerrilla. En la madrugada del 28 de marzo intensos operativos denominados Operación Armagedón en Vista Hermosa Meta dejan 36 guerrilleros muertos y tres capturados pertenecientes al Bloque Oriental, dando un total de 73 guerrilleros dados de baja y capturados en una misma semana, siendo dos de los operativos más contundentes estratégica y logisticamente dados a dicha organización neutralizando a seis cabecillas de frentes guerrilleros, y siete segundos-cabecillas.

El 5 de abril de 2013 cuatro militares colombianos murieron durante los combates con la guerrilla en el norte de Cauca. ​ El 20 de julio murieron 21 militares colombianos en dos ataques atribuidos a las FARC en los departamentos de Arauca y Caquetá, ​ siendo el mayor ataque de la guerrilla desde que se iniciaron las conversaciones de paz a finales de 2012.

El 15 de abril de 2015 las FARC lanzaron un ataque en la región de Cauca que costó la vida de 11 militares colombianos y otros 15 resultaron heridos, rompiendo el alto el fuego iniciado en diciembre de 2014 para continuar sin contratiempos con el proceso de paz iniciado con el gobierno de Juan Manuel Santos desde el año 2012. ​

El 23 de junio de 2016, las FARC y el gobierno de Colombia firman el último de los seis puntos de una agenda de negociaciones iniciadas con el gobierno el 4 de septiembre de 2012, para dar fin al conflicto armado de más de 50 años con este grupo subversivo. Esta acción fue realizada en La Habana, Cuba, donde se desarrollaron los diálogos de casi cuatro años. Luego de la firma oficial de los acuerdos que se realizará en Colombia, se procede con la movilización de los ahora exinsurgentes a las llamadas “Zonas Generales Transitorias Veredales de Normalización” y campamentos en el país destinados a la desmovilización y la entrega del armamento a la ONU en una lapso de seis meses.

El 26 de septiembre de 2016 se firma de manera oficial el Acuerdo de La Habana en la ciudad de Cartagena, con presencia de varios jefes de estado y personalidades de otros países, además del Secretario General de la ONU; Ban Ki-moon.

El 24 de noviembre de 2016 se firma el acuerdo modificado en el Teatro Colón de Bogotá, luego de la negativa de los colombianos a los acuerdos originales en el plebiscito realizado el 2 de octubre; acuerdo que es ratificado en el Congreso de la República.

El 1 de diciembre de 2016 reinicia el proceso de movilización de los exsubversivos a las Zonas Generales Transitorias Veredales de Normalización, proceso que se suspendió debido al triunfo del NO en el plebiscito y mientras se renegociaban los acuerdos con los promotores del NO.

El 27 de junio de 2017 la ONU certifica la entrega total de armas por parte de las FARC a este organismo (un total de 7.132 armas individuales, excepto las utilizadas para vigilar y proteger a los excombatientes en las zonas y campamentos), las cuales quedan embaladas en contenedores para después ser fundidas, con el objetivo de hacer tres monumentos que recuerden a las víctimas del conflicto que estarán ubicados en: Bogotá (capital del país), La Habana (sede de los diálogos) y Nueva York (sede de la ONU). ​

El 14 de agosto de 2017 son entregadas a la ONU las últimas armas correspondientes al esquema de seguridad de las Zonas Veredales y campamentos de los exinsurgentes de las FARC, completando así 8.112 armas entregadas por parte del ahora exgrupo guerrillero; así como más de un millón de cartuchos destruidos. También se incluye la destrucción por parte de la ONU de granadas, explosivos, minas antipersona y caletas con armas. De esta manera, las FARC dejan de existir oficialmente como grupo beligerante. ​

El 24 de agosto de 2017 se conoció el listado de bienes que las FARC entregaron con el que se supone que ayudarían a reparar las víctimas del conflicto armado. Mientras la Fiscalía calculaba unas 400.000 reses, más de 450 mil hectáreas en terrenos valoradas en más de un billón de pesos (COP $1'000.000.000.000) (USD $339 millones) y más, las FARC presentaron un listado en el que relacionaban especialmente utensilios domésticos, cirugías de pene, umbilicales, de varices, carreteras, las armas que entregaron a la ONU y unas pocas fincas desconocidas sin registro catastral. Este listado ha sido catalogado por la Fiscalía como inútil e improcedente y se ha percibido como irrisoria ante el pueblo y los medios de comunicación. ​

El 31 de agosto de 2017 fue presentado su partido político, el cual conserva las iniciales de las FARC pero cambiando el nombre a Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. ​

 
     
  Acuerdo humanitario  
     
 

En agosto de 2007, Uribe designó a la senadora del Partido Liberal y opositora del gobierno Piedad Córdoba como facilitadora para el Acuerdo Humanitario de prisioneros y rehenes. Posteriormente se autoriza también la participación del Presidente de Venezuela Hugo Chávez en la facilitación. Los sujetos del eventual acuerdo incluían, entre otros, a Íngrid Betancourt, tres ciudadanos estadounidense, prisioneros de las FARC así como a alias «Simón Trinidad» y alias «Sonia», dos integrantes de FARC extraditados a los EE. UU.

Las gestiones de Córdoba y de Chávez lograron que se aceptara la ciudad de Caracas como territorio neutral para las conversaciones. Los gobiernos de EE. UU, Francia, España y Suiza demostraron gran interés en el proceso iniciado. El Movimiento de Países No Alineados, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y el partido gobernante en Uruguay también respaldaron las gestiones. ​

Durante su gestión la senadora Córdoba logró que tanto «Sonia» como «Trinidad» manifestaran el hacerse a un lado para evitar que el canje no se lograra. Durante el mes de noviembre, en medio de la visita de Chávez a París, el gobierno Uribe estableció como límite de las gestiones el 31 de diciembre de 2007 para lograr el intercambio. Según el gobierno, este plazo era motivado por el hecho de que se trataba de un proceso puntual que no debía dilatarse excesivamente en el tiempo.

El 21 de noviembre de 2007 el gobierno colombiano decidió terminar con la mediación del presidente Chávez. El gobierno mencionó que tuvo lugar una conversación telefónica entre el presidente venezolano y el Comandante del Ejército Colombiano General Mario Montoya, añadiendo que Uribe le había dicho a Chávez con anterioridad que «no estaba de acuerdo con que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela se comunicara directamente con el Alto Mando institucional de Colombia».

Organizaciones de apoyo a los secuestrados​ y la familia de Betancourt​ expresaron su desacuerdo con esta decisión y pidieron que se reiniciaran las gestiones. El presidente francés Nicolas Sarkozy expresó que seguía apoyando la gestión realizada por Chávez. ​ El martes 20 de noviembre, Chávez le había dicho al presidente francés que Betancourt estaba viva sin aportar pruebas de supervivencia, según dijo porque estas no habían podido llegar a sus manos debido a operativos militares en Colombia.

El 29 de noviembre, el ejército colombiano incautó a milicianos urbanos de las FARC en Bogotá unas grabaciones en vídeo donde se muestran con vida y en precarias condiciones a varios rehenes, entre ellos la excandidata presidencial. Según Córdoba, esta era la prueba de que la gestión de Chávez y de ella iban por buen camino. ​​ La interrupción de la gestión de Chávez causó un incidente diplomático entre los dos países.

Tanto «Iván Márquez», representante las FARC, como Uribe expresaron su confianza en la mediación de Sarkozy para que el proceso de canje de rehenes siguiera adelante.

Posteriormente a la Operación DJ el acuerdo cayó casi en el olvido de los medios y la opinión pública, aunque en el transcurso del 2009 las FARC han realizado una nueva liberación de secuestrados de manera unilateral el 30 de enero de 2009. ​

Más adelante, en abril las FARC anunciaron la próxima liberación del cabo del Ejército Pablo Emilio Moncayo​ y la entrega a Emperatriz de Guevara de los restos de su hijo, el secuestrado fallecido en cautiverio mayor Julián Ernesto Guevara. ​ Hasta el momento las FARC exigen la intermediación de la congresista Piedad Córdoba como requisito para concretar su anuncio, sin recibir la aprobación del gobierno colombiano el cual alega que Córdoba recurre a la manipulación política para hacer carrera con las liberaciones de secuestrados. ​

 
     
       
     
 
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  Calificación como Grupo Terrorista  
     
 

Las FARC-EP, durante su existencia como organización militar insurgente, fueron consideradas una agrupación terrorista por diversos Estados (entre ellos Chile, ​ Perú,​ Estados Unidos ​Canadá, Nueva Zelanda y Colombia), ​ así como la Unión Europea, ​ la cual retiró de su lista de organizaciones terroristas en 2016 luego de firma de los acuerdos de paz. Sin embargo, gobiernos de otros países latinoamericanos como Brasil​ o Argentina​ no le aplican esta calificación. El gobierno de Ecuador le otorgó el reconocimiento de "grupo irregular",​​ es decir, "que no son interlocutores válidos". El mandatario ecuatoriano también dijo que no les considera terroristas, ni beligerantes, simplemente "irregulares" y que el estatus de beligerancia solo será reconocido siempre y cuando dejen todos los actos que vayan en contra de los derechos humanos como los secuestros o los ataques con bombas, "atentados que se pueden considerar terroristas", según las propias palabras de Correa. ​ Mientras que el gobierno venezolano de Hugo Chávez solicitó que se le otorgue un estatus de grupo beligerante y no las considera terroristas.​ Sin embargo en agosto de 2010, manifestó que las FARC no tienen futuro e igualmente les pidió liberar a los secuestrados. ​

El gobierno de Venezuela no considera como terroristas a las FARC. Su expresidente, Hugo Chávez, solicitó un estatus de beligerancia para dicho grupo y que fuesen excluidas de las listas de organizaciones terroristas de los gobiernos americanos y de la Unión Europea. También dijo que las FARC tienen un «proyecto político bolivariano» que en su opinión es respetado en Venezuela.​ La inteligencia militar del ejército colombiano ha interceptado comunicaciones de las FARC en las que usan el sobrenombre de El amigopara referirse a Hugo Chávez. Además observadores internacionales han reiterado el supuesto apoyo económico, político y militar que el gobierno del expresidente Hugo Chávez podría haber hecho a las FARC. A este respecto, el Gobierno de Venezuela solicitó en su momento a la Unión Europea, por un lado retirar al grupo de la lista de grupos terroristas y por otro otorgarles el estatus de «grupo beligerante».​ En cambio, el bloque de la Unión Europea, por intermedio de su presidente José Manuel Durao Barroso, rechazó esa propuesta y reafirmó la posición de la Comunidad Europea respecto al calificativo de terroristas para las FARC.

La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional, al responder a una crítica del gobierno colombiano por no considerar a las FARC como una organización terrorista, ha afirmado que «en lugar de detenerse en un debate semántico sobre cómo calificar a las FARC, el gobierno colombiano debería preocuparse por el hecho de que las partes en conflicto, sea la guerrilla, los paramilitares o las fuerzas de seguridad, siguen ignorando los derechos humanos y la legislación humanitaria internacional». Amnistía Internacional también ha afirmado que el Comité internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos rechazan la interpretación de que en Colombia no exista un conflicto armado sino que existe una guerra contra el terror. ​

Aun así, Amnistía Internacional ha condenado públicamente a las FARC por diferentes actos de terrorismo como el asesinato de civiles desarmados​ así como les ha pedido de manera directa terminar con los actos de violación de derechos humanos contra civiles, ataques a ambulancias de la Cruz Roja, secuestro de civiles, reclutamiento y tortura de menores entre otros.

Las partes en un conflicto armado interno tienen la obligación de respetar el DIH y este hecho no tiene ningún impacto sobre su estatuto jurídico. El CICR no tiene la competencia para reconocer el estatuto jurídico, o pronunciarse sobre el estatuto político de las partes en conflicto.

 
         
       
     
 
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  Financiación  
     
 

La financiación para sus actividades tenía múltiples orígenes.

Según un estudio realizado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda de Colombia, en el año 2003 la principal fuente de ingresos de las FARC fue el cobro de rescates por secuestros y el robo de ganado, obteniendo ganancias de 19 millones de dólares estadounidenses. ​ Las ganancias obtenidas del narcotráfico eran el 30% del total, y la mayor parte del dinero que obtenían por este delito era por el «Impuesto al Gramaje»,​ el cual era pagado por cada gramo producido por los campesinos cocaleros y grupos narcotraficantes. ​ Según algunos expertos, la extensión de los campos de coca (algo que era muy necesario para la economía de las FARC), causó daños irreparables en el medio ambiente.

En un informe de circulación restringida elaborado por el gobierno de Colombia se afirma que las FARC obtenían el 78% de sus recursos del narcotráfico, recaudando más 1000 millones de dólares al año sólo por venta de droga. ​ Según esas mismas fuentes, la extorsión (a través de vacunas) les significaban a las FARC más de 600 millones de dólares, mientras que el robo de ganado ocupaba el tercer puesto entre sus métodos de financiamiento.

Mención aparte se debe hacer con la minería de carácter ilegal, es decir, aquella que no está reglamentada por el gobierno colombiano; esta actividad ganó terreno en las finanzas de las FARC desde el año 2010 aproximadamente.

La minería ilegal, en especial la explotación de oro, además de la extorsión a los dueños de minas ilegales que no están a cargo de la organización subversiva, fueron esa fuente de financiación debido a los altos precios del oro en el mercado internacional, además que los delitos por minería ilegal, a diferencia de los relacionados con el narcotráfico, no son castigados de manera severa por la ley colombiana, incluso en algunos casos son excarcelables.

Al igual que en el narcotráfico, el daño ambiental causado por la explotación descontrolada de estas minas ilegales es grave e irreparable en muchos casos, producto de la flora y fauna destruidas por acción de las máquinas retroexcavadoras para encontrar el mineral en el subsuelo, además que el mercurio y cianuro que se utiliza para encontrar el oro no se le da la disposición adecuada, y terminan contaminando las fuentes de agua que nutren la agricultura y pesca, y que alimentan los acueductos de veredas y municipios cercanos a estas minas.​ Aunque el oro era el mineral que más participaba de las actividades mineras ilegales de este grupo, no era el único ya que en Guainia, Vichada y Vaupes existen yacimientos de coltan, cuya explotación está prohibida por el gobierno colombiano aún de forma legal. ​ Al igual que el oro, la alta valoración del coltan en el mercado internacional hace viable su explotación ilícita. Otros minerales que extraen ilícitamente en Guainia es el tungsteno y el níquel, explotados en medio de la Reserva Nacional Natural Puinawai. ​

 
 

 

 
       
     
 
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  Acciones Terroristas  
     
 

Minas antipersonales

Las Farc han sido responsabilizadas de sembrar minas antipersonal en prácticamente todos los departamentos del país. Entre 1990 y junio de 2013 han muerto 10.445 personas por caer en campos minados. El 62% de las víctimas han sido de la fuerza pública, mientras que el 38% fueron civiles. Antioquia, Meta, Caquetá, Norte de Santander, Cauca, Nariño y Putumayo son los territorios más afectados por la siembra de estos explosivos y entre 2002 y 2011 el número de víctimas no era inferior a 550 cada año, según datos de la Vicepresidencia de la República.
El Gobierno, en el marco del proceso de paz, ha exigido a las Farc que “den la cara” a las víctimas civiles por minas antipersonal y que “dejen de usarlas inmediatamente”. Además pidieron claridad de la ubicación de los campos minados, ya que el silencio guerrillero sobre su ubicación sigue cobrando al menos una víctima diaria.

Es más grave aún que los guerrilleros sofisticaran su estrategia con minas antipersonal y las hicieran más crueles. Armaron los artefactos con excrementos para, además de garantizar la mutilación, lograr causar infecciones mortales y daños en la salud irreversibles. La mayoría de estos artefactos son usados en regiones con alta presencia campesina y en terrenos donde hay cultivos ilícitos, procurando evitar la acción oficial para intervenirlos. Además amarran las minas a las matas para quien intente erradicarlas resulte seriamente afectado. Es importante señalar que no son solo militares o policías los que se acercan a estos campos donde hay explosivos. También campesinos y en especial menores de edad.

Tomas guerrilleras que arrasaron poblaciones

Son varias las poblaciones que resultaron en medio de los ataques de las Farc contra el ejército, la policía u otras instituciones de Gobierno. Si bien la guerrilla argumenta que sus acciones tenían el propósito de replegar a la fuerza pública y tomar el control de las regiones, los efectos colaterales dejaron cientos de víctimas civiles, miles de desplazados y pueblos prácticamente en ruinas. No se olvida la mítica toma de Mitú (Vaupés) adelantada por más de 1.500 guerrilleros contra 120 policías. 40 miembros de las fuerzas oficiales y 11 civiles murieron. 38 militares fueron secuestrados, y varios de ellos dudaron décadas en cautiverio. Tampoco se olvida las sangrientas incursiones de las Farc a Puerto Saldaña (Tolima -2000) que dejó 27 muertos, incluyendo niños, y 394 casas afectadas por los cilindros bomba. La toma de Granada (Antioquia) en diciembre de 2000, en la que un carro bomba fue detonado en el centro del pueblo, y los demás ataques con explosivos sumaron 110 casas destruidas, 55 locales comerciales, daños en el hospital municipal y 19 muertos.

Además la cruenta toma del corregimiento de Arboleda (Caldas), que también incluyó ataques con carro bomba y frecuente lanzamiento de cilindros. Una de las que lideró la toma, alias Karina, reconoció a KienyKe la exageración de las Farc en esa oportunidad y otras tomas con víctimas civiles. (Vea también: “Yo iba pa’l infierno”).

Otros municipios víctimas de este horror han sido Nariño, Caicedo en (Antioquia), San Jacinto y Macayepo (Bolívar), Toribío y Jambaló (Cauca), Miraflores (Guaviare), Puerto Rico (Meta), Cartagena del Chairá (Cauquetá), Algeciras (Huila), entre muchos otros.

Secuestro: vidas y familias destruidas

La imagen de un campo de concentración en la selva, con alambradas de púas y grupos de personas encadenadas, que llegaron a estar secuestrados hasta 15 años, permanece indeleble en la memoria colombiana. Ha habido miles de secuestros en Colombia. Cifras y Conceptos con el Centro Nacional de Memoria Histórica publicaron este año un informe en el que dicen que entre 1970 y 2010 fueron secuestradas 39.058 personas; el 37% de dichos plagios, más de 14 mil, fueron cometidos por las Farc.

Fondelibertad dice que entre 1999 y 2000, considerados años de recrudecimientos de las acciones guerrilleras, fueron plagiadas unas 6.800 personas, y que entre 1996 y 2000 hubo 10 secuestros por día.

Hasta finales del año pasado, según reportes de la Fundación Nueva Esperanza, habría aún 694 colombianos en poder de las Farc, no obstante haber asegurado renunciar a esta práctica de guerra en febrero de 2012.

Terrorismo que afecta a la población civil

Aunque las Farc dijeron hace un año que sus acciones bélicas no tenían por objetivo a la población civil sino a agentes estatales y grupos paramilitares, está claro que la gran mayoría de los operativos terroristas terminan afectando a ciudadanos del común. Por citar algunos ejemplos, las acciones con explosivos contra la policía en Tumaco (Nariño), atribuidos a las Farc, han dejado a decenas de familias damnificadas, víctimas mortales y heridos civiles.

Un sábado de julio de 2011 hubo un grave ataque con un carro-bomba en Toribio (Cauca), frente a un mercado civil, en el que murieron cuatro personas, resultaron heridas más de cien y en ruinas 80 casas. Esta población ha sido reiteradamente hostigada por subversivos.

Villavicencio ha sido objetivo de varios ataques con petardos, entre ellos uno de abril de 2002 que causó 14 muertos, varios ellos menores de edad. El artefacto estalló un domingo y generó un centenar de heridos y cuantiosos daños materiales en viviendas.

Otras poblaciones como Ituango (Antioquia), Villa Rica (Cauca), Cajamarca (Tolima), Neiva (Huila), Florencia (Caquetá), Buenaventura (Valle), y grandes capitales como Bogotá, Cali y Medellín. Muchas otras poblaciones han sido testigos del terror con explosivos.

Reclutamiento de menores, verdad confesada

En entrevista con KienyKe alias ‘Karina’, una de las máximas cabecillas de los frentes Quinto y 47, confesó que en las filas guerrilleras es una práctica común el reclutamiento de menores de edad. Incluso ella ingresó a la guerrilla a los 16 años. Es innegable la presencia de menores de 18 años en la guerrilla, y las prácticas para llevárselos a la selva también son conocidas. Tienen que ver con engaños sobre oportunidades laborales, amenazas a los padres para que entreguen a sus hijos o se los llevan sin dejar rastro. Esta práctica es para muchos considerado un secuestro de menores de edad. Algunos informes señalan que habría entre 18 y 20 mil menores enlistados en grupos armados ilegales en Colombia, aunque varios de ellos entraran siendo niños y hoy ya sean adultos.

Desplazamiento forzado y extorsión

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, informó que entre 1985 y 2012 fueron desplazados por efecto de la violencia 5’701.996 personas. No obstante el estudio cuenta la actividad de más grupos armados ilegales además de las Farc, como el ELN, paramilitares (antes AUC) y Bandas Criminales. Muchos de los eventos de desplazamiento se dan por combates entre ilegales y fuerzas del estado. Además hay numerosas víctimas de las Farc por extorsión. La guerrilla ha hecho cobro de dineros a comerciantes, industriales, empresarios, ganaderos y campesinos. La negativa al pago de esa ‘vacuna’ podría significar un atentado terrorista, asesinato o secuestro de la víctima.

 
   
       
     
 
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  Violaciones al Derecho Internacional Humanitario  
     
 

Las Naciones Unidas, ​ Amnistía Internacional, ​ Human Rights Watch, ​ entre otros, han reclamado a las FARC por violaciones al derecho internacional humanitario y al Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra. Se incluye:

  • Reclutamiento de menores. ​
  • Actos de violencia sexual contra mujeres y niñas como violaciones y torturas. ​
  • Desapariciones forzadas. ​
  • Secuestro de civiles. ​
  • Trato inhumano a rehenes. ​
  • Desplazamiento forzado. ​
  • Abortos forzados.
  • Ejecuciones extrajudiciales. ​
  • Asesinato de rehenes.
  • Masacres: Según el Centro de Memoria Histórica las Farc están sindicadas de cometer más de 240 masacres con cerca de 1400 víctimas, solo entre el periodo 1980-2012. ​

Acá se enumeran las más grandes:

  • 28 de enero de 1966: guerrilleros del entonces Bloque sur, asaltan dos fincas en el cañón del río Ata en Planadas (Tolima) y matan a 7 campesinos. ​
  • 26 de julio de 1975: Miembros de las FARC, atacan en el sitio conocido como Guaduas Negras en zona rural de Otanche (Boyacá) a una columna de civiles que se disponía a rescatar el cadáver de un agricultor acusado de ser informante del Ejército. Diez civiles mueren. ​
  • 14 de agosto de 1978: miembros de las FARC asesinan a 12 labriegos en zona rural de Cimitarra, Santander.
  • 13 de octubre de 1981: En una serie de asaltos perpetrados en Planeta Rica (Córdoba), Valparaíso (Caqueta) y Pavarando Grande (Antioquia), guerrilleros de las FARC masacran a 12 campesinos. ​
  • 6- 7 de febrero de 1984: Guerrilleros del IV frente asesinan brutalmente a 15 campesinos en dos fincas (La Traviata y las Palmas) ubicadas en zona rural de Cimitarra, Santander. ​
  • 31 de octubre de 1987: En la Vereda Bejucales de Yacopi (Cundinamarca), guerrilleros del Frente 22 de las FARC, asesinan a 8 campesinos acusados de colaborar con la Fuerza Pública. ​
  • 23 de enero de 1994: Guerrilleros del V frente de las FARC masacran a 33 civiles en La Chinita, Apartado (Antioquia).
  • 29 de agosto de 1995: en terrenos de la hacienda Los Kunas (Carepa, Antioquia) son asesinados 18 campesinos por miembros del V frente de las FARC.
  • 20 de septiembre de 1995: 25 trabajadores de una plantación bananera son bajados de un bus y fusilados en el sitio denominado Bajo del Oso (Apartado, Antioquia) por miembros de las FARC.
  • 14 de febrero de 1996: 11 civiles son asesinados en la finca Osaka (Carepa, Antioquia) por miembros del V Frente de las FARC.
  • 5 de mayo de 1996: 16 habitantes de las localidades de Alto de Mulatos y Pueblo Bello (Turbo, Antioquia) son ejecutados por miembros del V Frente de las FARC.
  • 28 de diciembre de 1998: los frentes 5, 18 y 58 del Bloque Noroccidental de las FARC, atacan el campamento madre de Carlos Castaño en la vereda El Diamante de Tierralta (Córdoba). El jefe de las AUC escapa por poco al asalto, pero 15 civiles que habitan el lugar son asesinados brutalmente por los guerrilleros. ​
  • 22 - 24 de mayo de 2001: Guerrilleros del Bloque José María Cordova de las Farc secuestran y posteriormente asesinan a 33 campesinos en Río Manso (Tierralta, Córdoba). ​
  • 14 de diciembre de 2001: integrantes de los frentes 18 y 58 incursionan en la vereda Las Acacias, en zona rural del municipio de Tarazá (Antioquia) y asesinan a 23 campesinos, a quienes acusan de ser colaboradores de las AUC. Los labriegos son desmembrados con machetes y motosierras. ​
  • 16 de enero de 2003: guerrilleros del IX frente de las FARC incursionaron en las veredas Dos Quebradas, La Tupiada y Dinamarca de San Carlos (Antioquia), y asesinaron a 17 labriegos, a quienes señalaron como colaboradores de paramilitares. ​
  • 16 de junio de 2004: en La Gabarra (Norte de Santander), el frente 33 asesina a 34 raspachines de coca que trabajan para las AUC. ​
  • 31 de diciembre de 2004: 17 campesinos acusados de auxiliar a las AUC son asesinados en el corregimiento de Puerto San Salvador en Tame (Arauca) por guerrilleros de la columna móvil Alfonso Castellanos de las Farc.
  • 4 de febrero de 2009: guerrilleros de la Columna Mariscal Sucre de las Farc, incursionan en el resguardo indígena Tortugaña-Telembí, departamento de Nariño, y asesinan a 13 indígenas Awa. ​

Actos contra la libertad de expresión

Las FARC ha sido denunciada por sus actos contra la libertad de expresión por organizaciones como "Reporteros Sin Fronteras", quienes los acusan del secuestro de cerca de medio centenar de periodistas, así como de "hacer prácticamente imposible el trabajo de la prensa en las regiones que controlan"​

Narcotráfico

Originalmente, los guerrilleros de las FARC se oponían al cultivo de la coca. Durante la década de 1980 lo aceptaron, participando en el narcotráfico a través de la creación de un «impuesto» (el llamado gramaje) sobre los cultivos ilícitos, aplicable a los campesinos cultivadores. Al mismo tiempo, presentaron propuestas para una posible sustitución de cultivos. Posteriormente las FARC diversificarían su actividad más allá de la regulación de los cultivos, cobrando «impuestos» a las actividades de los carteles de la droga, incluyendo a los laboratorios y las pistas de aterrizaje clandestinas.

Para el 2005, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda de Colombia, estimaba que el porcentaje del dinero embolsado por las FARC procedente de los «impuestos sobre el gramaje» era alrededor de un 30% de sus ingresos totales, siendo estos de unos $600 millones de dólares durante el año 2003. Según los estimativos de la UIAF, el secuestro y la extorsión ganadera constituyen todavía las principales fuentes de financiación de las FARC. ​

La relación de las FARC con los cárteles de la droga ha sido controvertida. El grupo guerrillero ha negado rotundamente que participase del negocio de las drogas más allá del «impuesto de gramaje» al cultivo de hoja de coca.​ Tanto el Gobierno de Colombia como el de EE.UU. afirman que las FARC actuaron como un gran cartel. Existen analistas políticos que niegan que las FARC sean un grupo de narcotraficantes propiamente dicho, aún si existen relaciones entre el grupo guerrillero y las actividades del narcotráfico.

En Colombia y en EE.UU. se iniciaron procesos penales acusando a miembros de las FARC de delitos relacionados con el narcotráfico, basándose en testimonios de personas identificadas como reinsertados y colaboradores, interceptaciones de radio grabadas y documentos emitidos por las FARC.

En febrero de 2007, la extraditada Nayibe Rojas, conocida como «Sonia» en las FARC, y otras dos personas fueron declaradas culpables de narcotráfico por un jurado en una corte de los Estados Unidos. «Sonia» había sido acusada por los fiscales estadounidenses por cargos relacionados con el tráfico de drogas hacia ese país. La defensa de «Sonia» insistió en que ni ella ni las FARC participan en el tráfico de drogas, afirmando en cambio que le cobran un impuesto a la producción de coca.

Secuestros

El secuestro fue uno de varios métodos utilizados por la guerrilla. A finales del mes de abril de 2012, el grupo secuestró al periodista francés Roméo Langlois, hecho que fue atribuido por el Frente 15 de las FARC. Una integrante de la agrupación afirmó: "Tenemos al periodista francés en nuestro poder".​ Poco después, el secretariado de las FARC confirmó la retención alegando que se trataba de un prisionero de guerra. Sin embargo, tanto el gobierno de Colombia como Human Rights Watch y la Organización de las Naciones Unidas rechazaron de forma rotunda que el grupo guerrillero le concediera el estatus de "prisionero a reportero francés", debido a que no es un argumento "válido conforme al Derecho internacional humanitario".​ Por tal motivo, pidieron "liberarlo de inmediato" y sin ningún tipo de condiciones. De igual manera, la Sociedad Interamericana de Prensa recordó que "los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado que realizan peligrosas misiones profesionales en zonas de conflicto armado deberán considerarse civiles y ser respetados y protegidos como tales", tomando como referencia la Resolución 1738 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ​ Finalmente el 30 de mayo el grupo guerrillero liberó al periodista Roméo Langlois en el departamento de Caquetá. ​ Sin embargo, Langlois dijo que las FARC "metieron un gol" y que fue utilizado como un "muñeco" en referencia a que el secuestro fue una estrategia política: "hicieron política (...) son expertos en hacer dramaturgia fue un gol que metieron a costas mia".​ Con este nuevo hecho quedó demostrado que el grupo insurgente continúa con el método del secuestro, a pesar de que en algún momento decidieron poner fin por medio de un comunicado. ​ Aunque la guerrilla dijo no al secuestro, varios periodistas y medios de comunicación afirmaron que el flagelo del secuestro aún seguía en Colombia. ​ La organización llegó a secuestrar a extranjeros de distintas nacionalidades y colombianos entre civiles y militares de todas las edades. ​ Algunos de sus secuestrados, llegaron a cumplir más de 10 años en su poder.​ Uno de los casos más recordados a nivel mundial fue el secuestro de la excandidata presidencial colombiana Íngrid Betancourt, ​ quien fue secuestrada en medio de su campaña presidencial. ​

Según los relatos y pruebas recolectadas, cada secuestrado en poder de las FARC era encadenado durante varias horas al día y supervisado por un guerrillero, ​ con órdenes de asesinarlo en caso de un intento de rescate militar; un ejemplo del cumplimiento de esa orden fue el fracasado intento de rescate del asesor de paz de Antioquia, Gilberto Echeverry Mejía y del Gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, que fueron asesinados como reacción al hostigamiento del ejército, según relataron sobrevivientes. ​ También el caso del sargento del ejército José Libio Matínez, el coronel de la Policía Edgar Duarte, el mayor de la misma institución Elkin Hernández Rivas y el subintendente Álvaro Moreno; muertos por las FARC-EP ante una operación de rescate adelantada por las FFMM, situación que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos (entonces Ministro de Defensa) rechazó contundentemente y denominó la acción de las FFMM como una operación de localización.

El día 18 de junio de 2007, las FARC reportaron la muerte de 11 de 12 diputados del Valle del Cauca, luego de haberlos tenido secuestrados durante 5 años. Según el grupo guerrillero, los diputados murieron durante el fuego cruzado que se habría presentado en medio de un combate con un «grupo militar no identificado». La guerrilla culpó a la «intransigencia» del gobierno de Álvaro Uribe. ​ Human Rights Watch responsabilizó de manera directa a las FARC por la muerte de los secuestrados. ​ Amnistía Internacional y ONGs de derechos humanos repudiaron la muerte de los diputados y responsabilizaron a las FARC por mantenerlos en cautiverio y ponerlos en peligro. Ángela Giraldo, hermana del diputado Francisco Giraldo, le exigió al gobierno acceder al despeje de Pradera y Florida. El presidente colombiano acusó a las FARC de asesinar a los diputados y negó cualquier participación de las fuerzas militares en los hechos. ​ Posteriormente se demostró que los 11 secuestrados fueron asesinados por disparos de fusiles AK-47 en cumplimiento de previas órdenes de ejecución en caso de un intento de liberación, órdenes de la cúpula de las FARC.

 
   
       
     
 
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  Objetivos, campos de operaciones  
     
 

Objetivos

En comunicados a la opinión pública, las FARC afirmaron en su momento que su objetivo era acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas, la intervención militar y de capitales estadounidenses en Colombia, mediante el establecimiento de un Estado marxista-leninista y bolivariano, lo que fue desestimado por el gobierno, ya que Colombia tiene el mayor número de víctimas de minas antipersonales. Además de que el grupo está involucrado en negocios considerados ilegales como el robo, la extorsión, el secuestro y tráfico de armas y droga.

Campos de operaciones

Sus operaciones, intermitentes, abarcaban parte del territorio Colombiano y se realizaban de acuerdo a necesidades operacionales y de movilización de este grupo. Que en los últimos años, antes de la firma del acuerdo de paz, centró su accionar en las zonas de frontera.

Las FARC también tenían presencia urbana (frentes urbanos, conocidos como milicias o células) en varias ciudades colombianas, donde realizaban acciones de encapuchados en universidades públicas y de terrorismo. A su vez contaban con presencia en zonas pobres o marginales urbanas, donde se disputaban los territorios con los también desmovilizados paramilitares, o donde hubiesen construido barrios.

En varias operaciones utilizaron medios y armas no convencionales que están prohibidas por la Convención de Ginebra y las Naciones Unidas.

 
   
       
     
 
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  Presencia de las FARC en otros países  
     
 

Venezuela

Las FARC fueron acusadas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez de tener campamentos sobre territorio venezolano. Según el gobierno Uribe, utilizaban la zona como refugio de los ataques de la fuerza pública colombiana para reabastecerse, recuperarse y mantener secuestrados. Las periodistas venezolanas Marianella Salazar, Ibéyise Pacheco, Marta Colomina y Patricia Poleo presentaron un video de un encuentro entre el ejército venezolano y las FARC (de junio del 2000); sin embargo, el general en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, Lucas Rincón, afirmó que la grabación muestra tan sólo una misión "humanitaria" del Ejército. ​ Según el periódico español El País también usaban a Venezuela para tráfico de armas y drogas. El 16 de diciembre del 2007 dicho periódico, el periodista John Carlin publicó un artículo en el que, mencionando a cuatro desertores de las FARC identificados sólo por sus nombres, afirmaba que hay campamentos de las FARC en ese país y que son permitidos por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. También citando fuentes de inteligencia y a diplomáticos de distintos países (sin especificar cuales), ​ mencionó que muchos guerrilleros como Rodrigo Granda habían adquirido ilegalmente ciudadanía venezolana. ​

Dentro de las pruebas que más resonancia han tenido sobre la presencia de las FARC, se cuentan fotografías satelitales y video de inteligencia, donde se aprecian estructuras similares a campamentos (con zonas de vivienda y entrenamiento militar) en el lado venezolano de la frontera con Colombia, que pertenecían presuntamente a la guerrilla de las FARC. En un principio, el ministro venezolano Nicolás Maduro negó la existencia de estos campamentos y rechazó la propuesta de visitar la zona junto con observadores internacionales para verificar las denuncias presentadas; finalmente, con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia en 2010, el tema pasó en parte al olvido en pro de mejorar las relaciones entre ambos países, lo que ha traído como resultado a la fecha que no se haya podido probar con visita a la zona la presencia de los campamentos.

Desde 2008 se reportaron extorsiones por parte de las FARC a ciudadanos venezolanos dentro de dicho territorio, a los cuales se les entrega su respectivo recibo de pago. ​

El 4 de febrero de 2010, las agencias federales estadounidenses CIA y FBI aseguraron en un informe que "Chávez apoyaba de manera encubierta a las FARC".​

Ecuador

Hacia octubre de 2009 y según el gobierno colombiano, en la zona fronteriza de Ecuador y Colombia, las FARC mantenían por lo menos 12 campamentos de las FARC en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos y que además cerca de 2 mil subversivos se refugiaban allí para evadir la ofensiva de las Fuerzas Militares de Colombia., ​ algo que el gobierno Ecuatoriano ha negado rotundamente diciendo que tienen control total de su territorio fronterizo con Colombia y que si se llega a encontrar un campamento de fuerzas irregulares o regulares los considerara hostililes,​ El jefe guerrillero Juvenal Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, fue capturado en ese territorio mientras circulaba con papeles de identificación falsos bajo el nombre de Cristo Rey Mariscal Peralta. ​ Las FARC usaban la frontera colombo-ecuatoriana también para el reabastecimiento de armas y el tráfico de droga, así como para tratamientos médicos. ​ Sin embargo en 1 de marzo de 2008 fue dado de baja por parte del ejército colombiano en un bombardeo el dirigente guerrillero Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, en el territorio ecuatoriano de Santa Rosa de Yanamaru, junto con otros guerrilleros en un campamento que, según información de medios ecuatorianos, llevaba ya varios meses de construido al contar con estructuras bien elaboradas. Ante este bombardeo, Ecuador inició una lucha diplomática que algunos medios tildaron de "cortina de humo", ya que dejaba de lado la efectiva presencia del grupo en suelo ecuatoriano.

Tras la muerte del jefe de las FARC; alias Manuel Marulanda, el 26 de marzo de 2008 y la incautación de los Computadores de Raúl Reyes, alias el Mono Jojoy habló (mientras era filmado) a sus guerrilleros más cercanos informándoles sobre la situación y lo que implicaba dicha incautación; Jojoy les informó sobre la muerte de Marulanda, reveló que había donado dinero a la campaña presidencial de Rafael Correa, presidente de Ecuador y que mantenían acuerdos y comunicación a través de emisarios. El video fue luego incautado por las autoridades colombianas.​

Perú

A finales de 2006, Robinson Rivadeneyra, Gobernador del departamento peruano fronterizo de Loreto, denunció la presencia y accionar de las FARC en el Perú. Ribadeneyra denunció que las FARC utilizaban Loreto para reclutamiento de jóvenes para la guerrilla, algo que fue posteriormente negado por Germán Galvis, General del Ejército Colombiano. Galvis admitió que las FARC cruzaban la frontera, pero negó que reclutasen gente en Perú.

Paraguay

En Paraguay, fueron detenidas seis personas acusadas del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas. Entre las seis personas detenidas se encontraba Osmar Martínez, de quien el presidente Nicanor Duarte acusó de haberse entrenado en Colombia en campos de las FARC, algo que fue puesto en duda por periodistas y analistas políticos paraguayos. Duarte también dio a entender que la guerrilla tenía presencia en ese país.​ Más tarde, en agosto de 2009, la Fiscalía General del Estado paraguayo anunció el hallazgo de evidencias suficientes que comprueban la relación entre las FARC y el Ejército del Pueblo Paraguayo.​

México

En México, a principios de los 90, las FARC mantuvieron una oficina en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que luego fue cerrada a petición del gobierno colombiano. En 2003, el embajador colombiano en México alertó al gobierno colombiano de la presencia de las FARC en ese territorio, aduciendo que aun mantenían oficinas pero de forma clandestina, lo cual fue negado por la UNAM en un comunicado oficial.​

Por otro lado, tanto la Procuraduría General de México como el gobierno colombiano han acusado a las FARC, con base en informaciones consistentes, de estar implicadas en el narcotráfico desde Colombia hasta territorio mexicano y de tener un "papel operacional directo" en este.​

Con la incursión de las FARC en el negocio de las drogas ilegales, los carteles mexicanos hicieron alianzas en su momento con la cúpula de las FARC para traficar droga hacia los Estado Unidos vía México.

Holanda

La simpatía que el gobierno holandés ha demostrado tener con el grupo terrorista de las FARC le ha abierto la puerta a dicha organización para que establezca una presencia legal y duradera no solo dentro del territorio de Holanda sino en toda la Unión Europea, felicitando de esa manera el intercambio con organizaciones como ETA y grupos terroristas de Medio Oriente.

El gobierno de Holanda y varios sectores defensores de los Derechos Humanos en el país ven a las FARC como un grupo que lucha por los derechos de los menos favorecidos en Colombia, pero a su vez ignoran los execrables hechos que señalan a las FARC como uno de los grupos terroristas mas sanguinarios en la historia reciente.

El problema de la simpatía de Holanda no se basa en la ayuda que el gobierno Holades le preste o no al grupo Narcoterrista, sino que le facilita moverse a través de toda la Unión Europea buscando adeptos a su “causa” y buscando apoyo internacional en las diferentes agrupaciones que pueda encontrar a su paso. De la misma forma le facilita los contactos comerciales dentro de la Unión Europea para continuar con el floreciente negocio del narcotráfico.

 
   
       
     
 
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  Relaciones con otros grupos terroristas  
     
 

Según el Gobierno de Colombia, ​​ según varios gobiernos internacionales​ y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ​​ las FARC poseían vínculos y conexiones con varios grupos u organizaciones terroristas y mafiosas que les permitían mantener acceso a redes de tráfico de armas, drogas, lavado de dinero, tráfico de personas, entre muchas otras actividades delictivas. ​

Por esto, las FARC eran una organización que para el manejo de sus finanzas y el control del negocio de drogas ilícitas estaba profundamente vinculada con las redes dedicadas al transporte de drogas y grupos narcotraficantes, la importación de insumos químicos y el lavado de activos. Asimismo, por su propia naturaleza de organización terrorista, estaba relacionada con redes dedicadas al tráfico de armas que reciben por el armamento, dinero o droga. Por lo tanto, la vinculación de las FARC con redes globalizadas era profunda como resultado del involucramiento de la organización con el control del tráfico de drogas. ​
Por otro lado, la expansión del espacio delincuencial de las FARC se fue incrementado de tal manera que según varios gobiernos no sólo de América del Sur sino internacionales han demostrado que las FARC tenían vínculos con otros tipos de organizaciones terroristas, lo cual implicaba una seria amenaza. Lo que si era claro, es que las FARC tenían sus capacidades delincuenciales enmarcadas dentro de las fronteras nacionales y por ende tener una proyección operacional en otros países vecinos o internacionales que podía ser riesgoso o limitado.

Los vínculos y nexos de las FARC con otras organizaciones terroristas según varios gobiernos incluido el de Colombia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos eran:

  • Ejército de Liberación Nacional (ELN),
  • Ejército Popular Revolucionario (EPR),
  • Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)
  • Sendero Luminoso
  • Euskadi Ta Askatasuna (ETA)
  • Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) ​
  • Hezbollah
  • Al Qaeda​
  • Hamas
  • ISIS

También mantenían vínculos con grupos mafiosos y de narcotraficantes. Las FARC mantenían relaciones para el tráfico de drogas y armas con bandas delictivas como las Águilas Negras, ​ Rondas Campesinas Populares, ​ entre otras y también mantienen nexos con varias mafias y carteles colombianos, ​ mexicanos, ​ peruanos, ​ ecuatorianos, ​ y brasileños. ​

Asimismo, Las FARC tenían un alcance subregional, con proyección regional y a pesar de afrontar graves problemas para cumplir su objetivo de la toma del poder nacional estaba en capacidad de sobrevivir y perdurar en el tiempo como una amenaza para el Estado y sus Fuerzas Militares y de Policía. La estructura organizacional de las FARC y sus diversos componentes mostraba una organización que ha sabido adaptarse a las dinámicas de la globalización, especialmente financiera y que logró en su momento hacerse con el control de uno de los negocios más lucrativos y difíciles de derrotar: el narcotráfico.

 
   
       
     
 
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  Acuerdos de paz  
     
 

Los diálogos/negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también conocidos como proceso de paz en Colombia, fueron las conversaciones que se llevaron a cabo entre el Gobierno de Colombia (en representación del Estado) y la guerrilla de las FARC. Estos diálogos tuvieron lugar en Oslo y en La Habana; se obtuvo como resultado la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.

La firma del acuerdo de paz estuvo antecedida por los diálogos que tuvieron lugar en: Oslo y en La Habana. El primer acuerdo de Paz, firmado en Cartagena, según la ley debía refrendarse en un plebiscito en el que los ciudadanos debían votar «Sí» o «No» al Acuerdo.

El resultado final fue una victoria para el «No». El resultado del plebiscito obligó al Gobierno a «renegociar» el acuerdo tomando en consideración las objeciones de los opositores del acuerdo, a la vez que creó incertidumbre sobre la aplicación legal de los acuerdos.​

Tras un supuesto e infructuoso periodo de negociación con los promotores del No, el gobierno y las FARC acordaron un nuevo texto para el acuerdo de paz el cual se firmó el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá. Este nuevo acuerdo fue ratificado por el Senado de Colombia y la Cámara de Representantes, el 29 y 30 de noviembre.

Puntos en discusión

En el "Acuerdo General" mencionado,​ se definieron los siguientes puntos de negociación:

1. Política de desarrollo agrario integral

Las FARC han enfocado su propuesta agraria en la creación de lo que estas llaman «Territorios Campesinos», que serían territorios de propiedad de la colectividad y manejados por los personajes que la comunidad eligiese para tal fin. Estarían conformados por las actuales Zonas de Reserva Campesina que estarían conformados por 8 millones de hectáreas y por lo que las FARC denominan Zonas de producción campesina de alimentos con 6 millones de hectáreas.

No se ha especificado si se les facilitaran los trámites a los ex-integrantes de las FARC para constituir estos territorios o si accederán a territorios campesinos ya constituidos.

Según las FARC, una vez se firmen los acuerdos: "Los territorios campesinos gozarán de autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia a través de los mecanismos de la justicia comunitaria. La autonomía se comprende en términos de la capacidad de autogobierno, autogestión y autodeterminación…los territorios campesinos contarán con recursos de origen constitucional, con destinación específica para ellos…de una destinación específica creada de un porcentaje del impuesto al latifundio improductivo, ocioso o inadecuadamente explotado"

Todo esto requerirá a su vez una reforma que permita que estos territorios campesinos se puedan constituir en lo que antes eran zonas de reserva forestal, de baldíos y de latifundios improductivos.

2. Participación Política

Las FARC, han pactado unas zonas afectadas por el conflicto y el abandono donde el "Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de X Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de X Representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal y por X períodos electorales."​

A su vez se ha señalado un aumento del presupuesto de los partidos políticos y una especial atención a los partidos que surjan de los diálogos de paz como el partido de las FARC, tanto para su acceso en medios como para la difusión de sus programas.

Las FARC-EP, junto al Gobierno Nacional participarán en las medidas de protección de los candidatos políticos tanto los opositores al proceso de paz como de sus sostenedores, se ha señalado que se implementará el voto electrónico y se expedirán cédulas por todo el país, para aumentar el caudal electoral.

Las FARC y sus líderes no tendrían ningún impedimento para participar en política

3. Fin del Conflicto

La dejación de las armas por parte de las FARC (hecho que, aseguran, debiera estar acompañado de una reestructuración de las fuerzas militares)​ para su reintegro o ingreso a la vida civil por efectos del marco legal para la paz, proyecto que define la suspensión de proceso judiciales a subversivos.

No obstante, la discusión de este punto podría verse dificultada por causa del Estatuto de Roma (suscrito por Colombia) que prohíbe que condenados por delitos de lesa humanidad tengan vida jurídica.

El gobierno y las FARC acordaron este punto el 23 de junio de 2016, donde se proclama el cese bilateral de las hostilidades en ambos bandos, además del desarme total de la organización subversiva en zonas especiales donde se concentraran los guerrilleros sin presencia de la Fuerza Pública (23 veredas del país que serán llamadas “Zonas Generales Transitorias Veredales de Normalización” y 8 campamentos, donde realizarán la entrega del armamento), cuya verificación estará a cargo de la ONU, organismo al cual las FARC entregarán sus armas para que dispongan de ellas a su conveniencia.

El desarme se debía llevar a cabo en un plazo máximo de 180 días a partir de la firma del acuerdo final que se realizó en Colombia el 26 de septiembre del mismo año 2016.​ Sin embargo, sólo pudo declararse como finalizado el día 27 de junio de 2017, fecha en la cual las FARC-EP entregaron el último porcentaje de un total de 7.132 armas.

4. Solución al problema de las drogas ilícitas

El cultivo, la producción y tráfico de drogas ilícitas, ha influido en el conflicto armado y la financiación de guerrillas y paramilitares desde hace tres décadas.

Las FARC, plantearon priorizar la erradicación manual como principal método de erradicación de drogas en concertación con los cultivadores y productores de drogas ilícitas, se acordó que los cultivos de las plantas que correspondan a usos ancestrales no se pueden erradicar.

Las FARC junto al gobierno nacional, han sostenido que se considere al drogadicto como a un enfermo.

5. Víctimas

Uno de los puntos a discutir es determinar quiénes son víctimas del conflicto armado (según reiterados comunicados de las FARC, ellos también son víctimas y el Estado ha sido un victimario).

Las FARC-EP, han señalado que el reconocimiento de las víctimas será por colectivos y "habrá un reconocimiento de la calidad de víctimas colectivas al Movimiento Gaitanista, a la Unión Nacional de Oposición, al Frente Democrático, al Partido Comunista Colombiano, a la Unión Patriótica, al Movimiento A Luchar y al Frente Popular, entre otras organizaciones políticas. La Unión Patriótica, por haber sido objeto de un genocidio político, será objeto de un reconocimiento especial."​ A su vez se considerarán víctimas campesinas, indígenas y sindicales.

«Las FARC EP no nos reconocemos como 'agente victimizante', sino como perseguidos, y en tal condición hemos ejercido nuestro derecho a la rebelión»

Las FARC propusieron la conformación de una comisión de la verdad, que se encargue de lo anterior,​ comisión también prevista en la Ley del Marco Jurídico de la Paz. En el desarrollo de la discusión del punto Víctimas, las delegaciones de la Mesa recibieron 60 delegaciones de víctimas del conflicto que compartieron con las partes sus visiones sobre el fin del conflicto y los ítems en discusión. El acuerdo parcial de este punto fue signado en La Habana el 15 de diciembre de 2015 y contempla la puesta en marcha -tras la firma del Acuerdo Final- de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, una Jurisdicción Especial para la Paz y de medidas concretas de reparación, no repetición.

6. Mecanismos de refrendación de los acuerdos

Las FARC han insistido en que el método de refrendación de los acuerdos fuera una Asamblea Nacional Constituyente que tuviera 141 integrantes, tanto elegidos como surgidos de cuotas de participación asignadas, "la Asamblea estará compuesta por representantes de las fuerzas guerrilleras (...) en número que será definido como parte de un eventual Acuerdo final".

Por su parte, el gobierno insistió en un plebiscito que avalara los acuerdos, el cual fue aprobado por el Congreso de la República a finales de 2015 mediante proyecto de ley, y que pasó a revisión por parte de la Corte Constitucional,​ quedando avalado a mediados de 2016, dando un lapso de 30 días para realizar la consulta popular después del acuerdo final que se firmará en el 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena de Indias.

El gobierno y las FARC acordaron el 23 de junio de 2016 la refrendación a través del plebiscito según el fallo de la Corte, cuya fecha de realización será el 2 de octubre de 2016, una semana después de la firma oficial de los Acuerdos de La Habana.

Plebiscito refrendatorio

El gobierno adelantó una votación de acuerdo a la ley estatutaria de la paz para saber si el pueblo aprobaba lo acordado o lo rechazaba.

El resultado final del día 2 de octubre de 2016 cuando se adelantaron las votaciones fue el rechazo de los acuerdos suscritos con el :

  • No 50,21%
  • Sí 49,79%.

El grupo insurgente ante el resultado manifestó que lo decidido por el pueblo no afecta el acuerdo depositado en el marco de los Convenios de Ginebra.

 
   
       
     
 
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  Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común  
     
 

Es un partido político colombiano fundado en agosto de 2017 por ex-integrantes de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en 2016.

Antecedentes

En septiembre de 2012 se iniciaron las negociaciones de paz entre el presidente Juan Manuel Santos y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los también llamados "diálogos" tuvieron lugar en Oslo y en La Habana y tuvieron como resultado la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto en Bogotá el 24 de noviembre de 2016. Tras esta firma, los combatientes comenzaron una transición a la vida civil que culiminó a finales de agosto de 2017.

Los acuerdos de paz establecen que el partido político fundado por las FARC tendrán garantizados cinco escaños en la Cámara de Representantes de Colombia y cinco en el Senado durante las próximas dos legislaturas aunque no alcancen el mínimo de votos exigido. Este es uno de los puntos que los detractores de los acuerdos recurrieron ante el Tribunal Constitucional pendiente de pronunciación en agosto de 2017.

Congreso fundacional

El congreso fundacional del partido se celebró en el Centro de Convenciones de Bogotá del 28 al 31 de agosto de 2017 con la participación de un millar de delegados (exguerrilleros, milicianos y miembros de Partido Comunista Clandestino Colombiano), unos 200 invitados de diversos sectores de la sociedad colombiana, además de decenas de delegaciones invitadas de fuerzas de izquierda de otros países, fundamentalmente de América Latina y el Caribe. La clausura del congreso y presentación del nuevo partido se realizó el viernes 1 de septiembre con un acto político cultural y de masas en la céntrica Plaza Bolívar de la capital colombiana con la participación de más de 10 000 personas.

En su intervención Rodrigo Londoño lanzó la propuesta de un gobierno nacional de transición para el período 2018-2022.

Elección del nombre

El nombre oficial de "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común", manteniendo el acrónimo FARC, fue acordado el 31 de agosto de 2017 durante el congreso fundacional. Se impuso por 628 votos frente a la propuesta de "Nueva Colombia", que logró 264 sufragios. Asimismo, se reveló la imagen del partido: un diseño con una rosa y una estrella roja en el centro.

Documento fundacional

El documento fundacional define al proyecto emergente de “revolucionario” y se propone otorgarle a la mujer “un lugar central en la lucha contra la dominación y la explotación propias del orden social vigente”.

Dirección Nacional

La Dirección Nacional está formada por 111 miembros.

En total fueron elegidas 26 mujeres, representando el 23% de la dirección del nuevo partido. Por votación de delegados, la elección fue la siguiente:

  • Iván Márquez recibió el mayor número de votos (888)
  • Pablo Catatumbo (quien conserva en la legalidad su nombre de guerra) con 866 votos.
  • Seusis Paucias Hernández (alias Jesús Santrich) con 835 votos, el único que sin ser del antiguo secretariado estuvo entre los nueve primeros puestos de las votaciones.
  • Milton de Jesús Toncel (alias Joaquín Gómez) con 827
  • Rodrigo Londoño (alias Timoleón Jiménez) con 820
  • Julián Gallo (alias Carlos Antonio Lozada) con 818
  • Jaime Alberto Parra (alias Mauricio Jaramillo) con 813
  • Rodrigo Granda (alias Ricardo Téllez) con 808
  • Reinaldo Cala Suárez (alias Jairo Quintero) con 807, quien tampoco formaba parte del antiguo secretariado
  • Juan Hermilo Cabrera (alias Bertulfo Álvarez).

La mujer más votada fue Criselda Lobo Silva (alias Sandra Ramírez, viuda de Manuel Marulanda), que logró 802 votos, seguida por Victoria Sandino (quien conservó su nombre de guerra) con 797. Las siguientes mujeres en votación fueron: Francy María Orrego (alias Erika Montero, 785), una de las mujeres más veteranas en las Farc con 38 años de militancia, Sandra Milena Morales (alias Camila Cienfuegos, 776), conocida por liderar el equipo de prensa en La Habana y la pedagogía en temas de género entre la exguerrilla, y Eloisa Rivera (alias Liliana Castellanos, sobrina del Mono Jojoy, 748). La holandesa Tanja Nijmeijer (alias Alexandra Nariño) también quedó en la dirección, obteniendo el puesto 33 en votación.

En la votación celebrada durante el congreso fundacional se utilizaron dos tarjetones: uno de color rojo, que contenía los 111 nombres propuestos por el Estado Mayor Central de la exguerrilla, y otro de color verde, con 56 candidatos más que fueron postulados por la asamblea.

 
   
       
     
 
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  Crimenes Actuales  
     
  Capturan a 'Jesús Santrich' en Bogotá Por Narcotrafico  
         
   
'Jesús Santrich' fue capturado en el barrio Modelia, occidente de Bogotá, por el CTI de la Fiscalía, al parecer, por el delito de narcotráfico.

El presidente Juan Manuel Santos aseguró que "quien cometa un delito después de la firma del acuerdo final será sometido a la jurisdicción ordinaria  por los nuevos delitos cometidos".

Dijo que el fiscal general de la Nación, le informó que "tiene pruebas contundentes y concluyentes que demostrarían la responsabilidad del señor Seusis Hernández conocido como 'Jesús Santrich', en delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo".

Santos añadió que cumplirá de manera estricta lo pactado en el acuerdo con respecto a los delitos cometidos después de firmado.

"No extraditaré a nadie por delitos cometidos ANTES de la firma del acuerdo y con ocasión del conflicto. Ahora bien, si cumplido el debido proceso –y con pruebas irrefutables— hay lugar a la extradición por delitos cometidos DESPUÉS de la firma del Acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla, previo el concepto de la Corte Suprema".

Entre tanto, el fiscal Martínez dijo que la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía dieron cumplimiento a una circular roja de la Interpol cuya finalidad es la extradición. “La circular roja menciona que los hechos ocurrieron a partir del mes de junio del año 2017, es decir después de la firma de los acuerdos y se prolongaron hasta el mes en curso (abril de 2018)”.

Detalló que la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York tuvo en cuenta "pruebas electrónicas, documentales, videos que dan cuenta de la intervención de todos estos sujetos en actividades de narcotráfico".

Miembros de la Farc han rechazado la detención de 'Jesús Santrich'. "Bajo montaje y de forma aleve se realizó captura de Jesus Santrich. Este es el peor momento que esta atravesando este proceso de Paz, el gobierno debe actuar e impedir que montajes jurídicos desemboquen en hechos como este que generan una gran desconfianza" , aseguró 'Iván Márquez'.

Por su parte, 'Victoria Sandino' aseguró que "esta es una situación muy delicada y peligrosa". "Ratifica una vez más lo que hemos venido denunciando en torno a la inseguridad jurídica y falta de garantías que tenemos los integrantes del partido Farc", añadió sobre la detención de 'Jesús Santrich'. El abogado de las Farc, Enrique Santiago, señaló "será cierto que el allanamiento en la casa de Jesús Santrich ha sido ordenado por los Estados Unidos y la Fiscalía de Colombia servilmente la cumple sin verificar la certeza de lo denunciado?". Entre tanto, 'Pastor Alape' dijo que la captura de 'Jesús Santrich' se dio mientras algunos miembros de la Farc se reunían con la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, y exigió respeto a los acuerdos firmados en Cuba. "La Fiscalía se enfrenta abiertamente contra la paz de Colombia". Hace 30 minutos mientras estábamos en reunión con primera ministra de Noruega, fue allanado y capturado Jesús Santrich. Exigimos respeto por los acuerdos firmados con el Estado colombiano".

 
                           
     
     
 

Fiscal asegura que delitos por los que fue capturado 'Jesús Santrich' ocurrieron después de la firma de los acuerdos.

El fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo que la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía dieron cumplimiento a una circular roja de la Interpol cuya finalidad es la extradición.

“La circular roja menciona que los hechos ocurrieron a partir del mes de junio del año 2017, es decir después de la firma de los acuerdos y se prolongaron hasta el mes en cueros (abril de 2018)”, señaló Martínez.

Martínez aseveró que la acusación formal contra Seuxis Hernández Solarte, conocido como ‘Jesús Santrich’; contra el señor Marlon Marin, Armando Gómez alias el doctor y contra Fabio Simón Younes Arboleda, fue emitida por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York el pasado 4 de abril.

“Para estos efectos tuvo en cuenta el gran jurado copiosa prueba que da cuenta de estos delitos de narcotráfico, de pruebas electrónicas, documentales, videos que dan cuenta de la intervención de todos estos sujetos en actividades de narcotráfico”. El funcionario indicó que los hechos están relacionados con un acuerdo para enviar diez toneladas de cocaína a Estados Unidos.

“Cuyo precio habría sido convenido en la suma de 15 millones de dólares americanos. Estas toneladas en el mercado de Nueva York equivalen a un valor de 320 millones de dólares”.

Según explicó Martínez, la circular de Interpol indicó que “durante el curso de la operación de narcotráfico los acusados manifestaron varios elementos: Tener acceso a aviones registrados en Estados Unidos, es decir, con matricula americana para transportar la droga. Tener acceso a laboratorios de droga para suministrar la cocaína Y al efecto, proveyeron evidencia de su acceso a toneladas de cocaína”.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General hasta que Estados Unidos formalice la solicitud de extradición y se lleve a cabo el trámite legal correspondiente.

“Los detenidos traicionaron los valores y los principios de los acuerdos de paz”, puntualizó el fiscal general de la Nación.

La Corte Constitucional en sentencia c-674 de 2017, que modificó el acto legislativo para la paz, dejó claro que quienes incurran en un nuevo delito pierden todos los beneficios de la JEP.

“Si con posterioridad a la entrada en vigencia de este Acto Legislativo y a la finalización del proceso de dejación de armas algunas personas sujetas a la jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, éste será de conocimiento de la justicia ordinaria, Adicionalmente, en esos casos la JEP evaluará si esta nueva conducta, cuando corresponda con las que serían de su competencia, implica un incumplimiento de las condiciones del sistema, que amerite no aplicarle las sanciones propias o alternativas a las que tendría derecho por los delitos de competencia de la JEP, sino las ordinarias contempladas en la misma JEP, que deberán ser cumplidas en los sitios ordinarios de reclusión”.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
       
     
 
                                               
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